Durante los pasados meses de diciembre de 2016 y enero de este año 2017 se impulsó, desde la Concejalía de Educación y Participación Ciudadana un proceso de Presupuestos Participativos, que ha tenido un desarrollo, cuanto menos agitado.
Esta iniciativa se quiere completar ahora con la aprobación acelerada de un Borrador de Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado por la Comisión Especial de Pleno para Participación el 13 de julio (de 2016) según reza en la portadilla del documento colgado en la web del Ayuntamiento por dicha Concejalía.
Se completa así un ciclo que comenzó, obligado el Consistorio por el vencimiento de los plazos, con la redacción y aprobación de la Ordenanza de Transparencia.
Si se hubiese seguido el ejemplo de los municipios en los que la participación ciudadana tiene ya arraigo, y que, por tanto, disponían ya de Reglamentos de Participación más o menos actual (nos referimos a Reglamentos redactados desde el 2004 para acá, siguiendo el modelo de la FEMP), se hubiese abordado la reforma del Reglamento de Participación (vigente desde el año 1992) incluyendo en él las obligaciones legales de la Ley de Transparencia estatal, recogidas en el Proyecto de Ley de GobiernCo Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid, y adaptándolo en materia de colectivos, participación, consulta y colaboración y codesición.
No se hizo así, y se aprobó una extensa Ordenanza de Transparencia, y para cubrir el «deficit» en materia de participación se implementó un proceso de Presupuestos Participativos.
No se han impulsado desde la Concejalía de Participación herramientas pedagógicas para implementar un proceso participativo de arraigo y largo recorrido
Este ha dejado un sabor agridulce. De entrada porque fue rechazado con acusaciones de improvisación y de falta de rigor por toda la oposición. En su puesta en marcha porque carecía de pedagogía y provocó que muchas de las propuestas que se presentaron no fueran una meditación más o menos colectiva en mejora de intereses comunes, sino propuestas en su mayoría personales, que interpretaron estos presupuestos como un sucedáneo de las subvenciones y ayudas. Para terminar porque la gran cantidad de propuestas presentadas eran de una calidad muy dispar, desde algunas realmente útiles, hasta algunas utópicas o simples chanzas. Siendo además el caso que el número de propuestas presentadas fue casi idéntico al de votos emitidos, lo cual habla por si solo. Más allá de unos loables grupos de personas que están preocupadas por presentar y liderar iniciativas, no se les ha dado, desde la Concejalía, herramientas pedagógigas para arraigar el proceso.
El final por el principio, y después ya veremos
Sería mejor no seguir la actual dinámica de parcheo aquí y allá, pensar que un Reglamento de Participación Ciudadana es una cosa seria que implica nuevos modelos de gobernanza, tanto en las responsabilidades de los gobernados, como de los gestores para con ellos. Por eso el nuevo Reglamento debería recoger y derogar la Ordenanza de Tarticipación e incorporar los modelos más a futuro de los que se dispone.
El desarrollo de la democracia participativa es bueno para la mejora de la calidad democrática, y si además creemos que el primer peldaño para ir creándolo es el ámbito municipal, por varios motivos. Señalaremos los más importantes.
La toma de decisiones en un mundo tan complejo como el actual mejora enormemente cuando hay mecanismos de información y consulta a la ciudadanía sobre aspectos que les afectan.
En la medida en que esta información y consulta es reglada y no discrecional, el ciudadano se siente más cercano a sus gestores y gobernantes, más corresponsabilizado con ellos, lo que ayudará a mejorar el clima de desapego a lo político que actualmente vivimos.
Un régimen de información, consulta y colaboración es habitual en sociedades en cuyo contacto nos movemos, con quienes realizamos intercambios de personas, estudios y negocios. Y esa educación cosmopolita es imprescindible en una sociedad globalizada ya irreversible.
Hay que dejar claro que el debate entre eficacia en la gestión y derechos de los ciudadanos es un falso debate. Que no se trata de que nuestros gobernantes tengan excusas, a través de una norma legal, de hacer dejación de funciones, o que, en contrario, esta misma norma les pueda constreñir en base a la existencia de un proceso asambleario con poder decisorio, por ponernos en el extremo opuesto.
Sería adecuado pasar por las siguientes fases al desarrollar un proceso de participación ciudadana:
Información// Consulta// Concertación //Codecisión
Ahora bien, el desarrollo de una democracia participativa es un proceso. Requiere un tiempo, una pedagogía y unos pasos para que tanto gestores municipales, como ciudadanos, se acostumbren a hacerla suya. De hecho debería pasar por cuatro fases.
La primera es la información. Es decir, el ciudadano debe tener a su disposición, de manera y con un lenguaje y presentaciones fáciles, toda la información que debe disponer para tomar una decisión. Está claro que este apartado, que debería estar bajo el paraguas de la Ley de Transparencia, está muy lejos de cumplirse en nuestro pueblo.
La segunda fase es la consulta. El ciudadano bien informado, individual o con entidad jurídica, debería disponer de mecanismos para preguntar y consultar esas dudas a sus gobernantes, o otros para consultar con sus convecinos, o estos mismos gobernantes a los vecinos. Y determinar también qué carácter, y en qué circunstancias tiene el resultado de esa consulta. Esto es una parte importante que debe regularse en el Reglamento.
La consulta da pie a la siguiente fase, que es la de la concertación. Es decir, cómo para aquellos casos que así se contemplen, el Consistorio puede concertar con sus representados tomas de decisiones en función de las opiniones de estos últimos.
El último, que se da ya en sociedades y procesos maduros, el la codecisión o incluso la cogestión. En este estadio es donde entran los Presupuestos Participativos.
Concluimos pues que la Concejalía de Participación ha empezado por el final. Cuando aún no está lanzado, ni mucho menos maduro, un proceso de participación, saca una partida presupuestaria, que, para más descabale, no siquiera está segura de tener aprobada, de presupuestos participativos.
Aunque creemos en su honestidad, y que las acusaciones fáciles de amiguismo y de peloteo usadas por la oposición no estaban justificadas (buena prueba de ello es que personas o entidades próximas a los partidos opositores corrieron a presentar sus propios proyectos), la crítica de improvisación y amateurismo se la tienen bien ganada.
Pírrica victoria es, si es eso lo que se buscaba, utilizar esta pequeña partida como «chantaje emocional», para que la oposición de el visto bueno a los Presupuestos Generales.
Un texto obsoleto y que podría ser ilegal
Con esta misma técnica parece que quiere abordarse el tema del Reglamento de Participación.
Al parecer la negociación ha sido muy cansada y tensa. Ha sido difícil y laborioso sacar el texto presentado, porque la oposición conservadora no está interesada en el desarrollo de la democracia participativa. Este es el mejor texto obtenible, mejor esto que nada, se nos dice.
No se acaba de entender muy bien esta postura.
Empecemos por decir que el texto queda completamente al margen de la Ley de Transparencia, de forma que todas la normativa de esta Ley deberían recogerse en un documento revisado del Reglamento a aprobar.
Corre el peligro de quedar también al margen de una ley, ahora mismo en fase de proyecto, pero que será aprobada en breve por la Asamblea de Madrid, que es el Proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid
Corre el peligro de quedar también al margen de una ley, ahora mismo en fase de proyecto, pero que será aprobada en breve por la Asamblea de Madrid, que es el Proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid (del PP). Este proyecto de ley ha sido objeto de una enmienda a la totalidad por parte del PSOE, de Podemos, y de ¡Ciudadanos!, entre otras cosas, por falta de transparencia. Pero si se lee uno el texto se ve inmediatamente que queda a años luz, por mejor y más abierto, que el que pretende aprobarse en San Lorenzo de El Escorial.
Si nos referimos, en un sentido más abstracto, a su valentía política, el borrador queda realmente pacato.
Fuentes muy anticuadas
Como el mismo texto reconoce, las fuentes de inspiración del documento, son, aparte de los textos legales a los que está sujeto, como la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, y otros que cita, el Reglamento tipo de la Federación de Municipios y Provincias, y el de Bustarviejo.
Es una pena que la Concejalía, y por extensión la Comisión delegada por el Pleno no hayan optado por documentos más completos, o cuando menos más actuales.
Es una pena que la Concejalía, y por extensión la Comisión delegada por el Pleno no hayan optado por documentos más completos, o cuando menos más actuales.
El de la FEMP data del año 2005 y el de Bustarviejo del 2008. Desde entonces, como es sabido, no solo se han aprobado textos jurídicos que afectarían al Reglamento, sino que ha habido muchas localidades que, viendo que los suyos se quedaban obsoletos, han procedido a modificarlos para adaptarlos a esta nueva legalidad.
No solo eso, aquellos Ayuntamientos que, por tradición en el desarrollo de la democracia participativa o por convicción política de sus gestores, le apoyan con más fuerza han optado por textos más amplios, que recogen mejor el espíritu de participación ciudadana y de gobierno abierto.
Entre los primeros cabe citar la Ley 37/2007 de Reutilización del Sector Público, la 19/2013 Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, la 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el ámbito de la nuestra Comunidad, la aún pendiente de aprobación por la Asamblea, Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Entre los Reglamentos modificados desde el 2013 bien podía haberse inspirado esta Concejalía en los de Alcobendas, Vitoria, Rivas o Valencia, que abarcan un abanico de orientación política de sus impulsores que van desde el PP, hasta Compromís, pasando por PNV o PSOE.
En definitiva, se pretende aprobar un texto muy mejorable que posiblemente pueda ser impugnado y rechazado ante cualquier instancia judicial por no acogerse a Ley, y que tenga que ser modificado en beve.
Todo ello parece provocado tanto por una falta de estudio, un exceso de celeridad y una gestión política muy deficiente.
Más de Objetivos
Propuesta de trabajo para mejorar el Reglamento de Participación
LÍNEAS GENERALES DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS Nota: El contenido de este artículo puede descargarse en este enlace en formato pdf Cambiar …